El Conflicto en Educación y los Principios Masónicos

Una larga y bella historia de valores y grandes obras educativas acompaña a la masonería chilena desde sus raíces más profundas. Destacados masones han hecho desde los inicios de la república grandes aportes al desarrollo educativo de nuestro país, al perfeccionamiento material del sistema, a su modernización curricular y por cierto al progreso moral de quienes fueron sus beneficiarios más directos.

Entre ellos se cuentan por cientos y miles,  los profesores y profesoras que desde su oficio colaboraron humilde y silenciosamente en la formación de generaciones. Otro tanto puede enumerarse entre las figuras públicas destacadas, que desde su condición masónica engrandecieron, con acertadas obras y políticas públicas, nuestro sistema educacional desde los albores de la patria: la creación del Instituto Nacional; el Liceo de La Serena; la Universidad de Chile; las Escuelas de Preceptores y Preceptoras (también conocidos como normalistas); la incorporación de las mujeres a las universidades; la Ley de Enseñanza Obligatoria; la creación del Estado Docente; la creación del Ministerio de Educación; la fundación de la Universidad de Concepción y de la Universidad Técnica, son un pálido recuento de aquello.

¿Y cómo podría ser de otra forma? Cada masón libre vive en un ambiente educativo para realizar la más hermosa de las tareas de una educación personal y colectiva: labrar su propia piedra bruta, dotado de las herramientas que sus hermanos y hermanas le entregan con afecto. Pero además, la obra del masón se extiende desde el templo hacia la vida profana intentando continuar sus trabajos, lo que significa en palabras sabias que se es masón en el mundo y no fuera de él.

Ningún masón podría pues pasar por alto la actual crisis de la educación chilena, que en su dimensión valórica más profunda, representa la antítesis de los valores de nuestra orden.

Desde que el régimen de militar impusiera en Chile un modelo de administración subsidiaria de la educación, el rol del Estado Docente asegurado y perfeccionado desde 1860 tras la Ley de Instrucción Primaria comenzó a desaparecer. Un proceso de desmantelamiento político, ideológico y material articulado desde el Estado, buscaba disminuir su rol al mínimo, conceptualizando a la educación como un bien transable cuyo beneficio era exclusivamente personal.

Se instaló coherentemente un sistema de “voucher”, en el que cada estudiante valdría una suma de dinero mensual bajo la forma de un subsidio escolar a la oferta, ahora liberada al mercado o instalada y administrada en los Municipios por una Corporación. Lenta pero progresivamente, el viejo Estado Docente, fruto del consenso democrático de los actores políticos y sociales de todo un siglo, terminó completamente desmantelado, y los principios ortodoxos del liberalismo económico reemplazaron, en un nuevo contrato social impuesto, al viejo contrato que había perfeccionado la Constitución de 1925 y construido un Estado Benefactor que contenía la idea del Estado Docente.

A partir de allí, la libertad de educación quedó consagrada constitucionalmente, asegurando el retorno de las utilidades de cualquier “propietario – sostenedor” que progresivamente controlaban cada año una mayor proporción del nuevo “mercado de la Educación”. Los propietarios comprendieron con el paso del tiempo que como en cualquier tipo de emprendimiento, una buena propaganda reemplaza rápido al conjunto de indicadores de calidad en una escuela: importa menos el número de alumnos por sala que el uniforme bicolor; vale más un buen nombre en inglés que el tamaño de las salas de clases. Casi al terminar el gobierno militar, el sistema de escuelas particulares subvencionadas había duplicado su control del mercado escolar repartiéndose un 36%, mientras que el sistema particular pagado controlaba no más de un 7%. Un 57% restante quedaba en manos de las corporaciones municipales.

Una vez recuperada la democracia para Chile, un consenso conservador impuesto por la fuerza del repliegue del régimen militar y la debilidad del bloque opositor, ahora en el gobierno, no logró cambiar la situación estructural en el campo de la educación que quedaba ahora asegurada por la última ley de Pinochet aprobada 24 horas antes de su salida del gobierno: la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, LOCE.

Desde allí y en adelante, el alto grado de compromiso de la clase política -en el gobierno y en la oposición- con el sistema libremercadista sólo consolidó el modelo privatizador de la educación.

El siguiente paso fue aprender a “desnatar”. Cada nuevo colegio subvencionado levantaba por la vía de la propaganda y la falta de inversión y mala gestión  del sector municipal, a los mejores alumnos del sistema. Sumó a ello, complejos sistemas de discriminación que le permitían colar a la entrada a todos los alumnos con alguna dificultad de aprendizaje. Su par en el mercado, las escuelas municipales en tanto, tenían prohibido por ley toda forma de discriminación haciendo la competencia desigual en un mercado cada vez menos transparente.

Las mediciones nacionales estandarizadas, (prueba SIMCE, PSU y PISA) demostraron en el tiempo al menos dos cosas: primero, que a pesar del desnate y la propaganda el sistema privado subvencionado se mantenía estancado a muy escasa distancia de su competidor municipal; segundo, que el sistema de mercado se había convertido  en una máquina discriminadora y segregadora, distanciando sideralmente y sin piedad el rendimiento de ricos y pobres.

Entretanto, los gobiernos de la coalición política de centro izquierda aumentaron considerablemente el gasto fiscal en educación, al mismo tiempo que permitían el sistema de financiamiento compartido. El sistema volvió a refinarse en sus mecanismos de lucro, pues cada “propietario – sostenedor” podría ahora rescatar una mensualidad de la familia, con lo que además, perfeccionaba el sistema de desnate, ahora por consideración de la capacidad de pago de las familias.

El mercado dio un nuevo giro: más caro para los contribuyentes pero igual de malo, más discriminatorio y más lucrativo.

La consecuencia de tales eventos no podía ser más evidente, al finalizar el gobierno de la señora Bachellet, el sistema municipal, último fantasma de la antigua educación pública, controlaba el 48% de la matrícula, el sector particular pagado se estacionaba en un 8% mientras que un 44% era controlado por el sistema particular subvencionado.

Un último giro terminó por especializar el mercado educativo, completando su coherencia con el consenso que verticalmente se había impuesto sobre los chilenos desde la negociación del año ’89 para el retorno de la democracia. La nueva fuerza de sostenedores, ahora mayoritaria controladora del mercado, comenzó a oligopolizarse. La razón de tal efecto en la organización del mercado fue la caída progresiva en la Tasa de Crecimiento Vegetativo chilena, que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, necesita desde el año 2000 el doble de tiempo para duplicarse que el que necesitaba en 1950. Dicho en otras palabras, la matrícula escolar ha comenzado a caer contrayendo la demanda del mercado.

Del mismo modo que las compañías farmacéuticas, un conjunto de Fundaciones y Corporaciones, han comprendido que la única solución para seguir rentabilizando su capital es ampliar la escala de explotación del negocio, controlando la mayor parte del mercado que sean capaces. La oligopolización de los mercados en Chile conduce inevitablemente a la fijación arbitraria de precios, al manejo de la provisión de la oferta de bienes conforme al único principio valido para el mercado, el lucro. La calidad de dicha provisión obedece en tales condiciones a un acto benevolente, caritativo e ingenuo.

El sistema de organización para la provisión de un bien público que debiera garantizar igualdad y promoción social ha resultado ineficiente dados los grados de desigualdad de sus resultados reconocidos incluso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE quien lo adjetiva como clasista. Su consecuente oligopolización forzará en el futuro a la aparición de un verdadero embudo valórico terminando con la condición laica de la educación pública.

La única forma de recuperar un sistema público, laico, plural y de calidad, es la conformación de un nuevo contrato social que a diferencia de aquel que formalizó la aprobación de la Constitución del ’80 con retoques y maquillajes, arranque de una Asamblea Constituyente que devuelva a Chile los valores del laicismo democrático y plural, que la masonería chilena colaboró a construir. Sólo así la educación será rescatada de un mercado depredador y oligopólico que representa la antítesis de los valores de nuestra masonería.

Santiago, agosto 2011

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